El jueves 12 de octubre concluyó el VIII Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), en Santiago de Chile.
El encuentro congregó a centenares de representantes de estados, de empresas y un número significativo de representantes de organizaciones sociales y ambientales, comunidades locales, de pueblos indígenas y afrodescendientes, muchos de ellos afectados en sus derechos por empresas.
Previo al encuentro, el 10 de octubre, se realizó un Foro Preparatorio, convocado por la Plataforma Latinoamericana de Sociedad Civil de Derechos Humanos y Empresas, a la que asistió Libera junto a un centenar de representantes de movimientos sociales, ambientales y de derechos humanos de toda la región. Ese mismo día se realizó un Caucus Indígena que agrupó a más de cincuenta representantes indígenas de toda la región, que abordaron la crítica realidad de afectación de derechos de sus pueblos por empresas, en particular las de carácter extractivas que operan en sus territorios.
Durante el Foro se analizaron múltiples temáticas, constatando la persistencia de los abusos e impactos adversos de las empresas, en particular las empresas mineras, forestales, agrícolas, de energía, entre otras, en los derechos humanos y ambientales; la falta de mecanismos de denuncia y de reparación frente a entidades del sector financiero; las consecuencias negativas de la agroindustria; la necesidad de mejorar la rendición de cuenta de las empresas; y el rol de Naciones Unidas con respecto a la debida diligencia.
Dentro de las más críticas realidades constatadas en este Foro se encuentra la grave situación de las y los defensores de derechos humanos en la región y su criminalización. De acuerdo a un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), que fueron expuestos en esta instancia, entre 2015 y 2022 se registraron 1.976 ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el contexto de actividades empresariales en América Latina y el Caribe, las que representan el 42% del total de ataques registrados en el mundo.
Asimismo, organizaciones de trabajadores y contra el trabajo forzado denunciaron las graves vulneraciones a los derechos humanos que sufren trabajadoras y trabajadores agrícolas de toda la región y que se exponen sistemáticamente a prácticas antisindicales, amedrentamiento, robo de salarios, intimidación y amenazas, reclutamientos engañosos y condiciones de trabajo abusivas.
En la Declaración Final del Foro elaborada por las organizaciones de la sociedad civil convocadas por la Plataforma Latinoamericana de derechos humanos y empresas, en la que participó Libera, se denunció “cómo “la agroindustria descansa en condiciones de trabajo altamente precarias, donde el trabajo forzado, la trata de personas y las formas de esclavitud moderna ocurren de manera transversal y sistemática en todos los países de la región” y concluyó la urgente necesidad de “adoptar marcos normativos que tomen en cuenta el rol de la cadena de valor de las empresas en la región. Aunque existen leyes que regulan a las empresas en diferentes ámbitos, como la seguridad ocupacional, constatamos su falta de implementación e irradiación hacia otras materias como la ambiental y otros derechos fundamentales”.
Además, la declaración constata “la importancia de articular esta materia con otros instrumentos como tratados de comercio e inversión y de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú. La debida diligencia debe implementarse como una obligación más y no debe ser empleada para reemplazar otro tipo de responsabilidades, tales como la penal, la administrativa o la civil, tanto para las propias empresas como para sus propietarios y ejecutivos”.
En este contexto, el lanzamiento de la actualización de las Líneas Directrices para Multinacionales de la OCDE, estándares normativos sobre conducta empresarial responsable, fue una buena noticia. Las Líneas Directrices cuenta con un mecanismo de mediación a cargo del Punto Nacional de Contacto, que en Chile se encuentra radicado en la Subsecretaría de relaciones económicas de la Cancillería, y que es uno de los mecanismos de remediación no judiciales disponibles para hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la vulneración de derechos humanos.
Trata de personas, trabajo forzado y explotación laboral en la agroindustria
Tanto en el panel sobre agronegocios organizado por PERIPLO, como a lo largo de las distintas sesiones plenarias, representantes de trabajadores, sindicatos y ONGs de derechos humanos denunciaron como tanto en las plantaciones de palma africana, banano, piña y caña de azúcar se repiten episodios de desidia empresarial ante las pésimas condiciones laborales de las y los trabajadores..
Dentro de las panelistas, Dania Ovando, Secretaria General del Sindicato Industrial de Trabajadores de la palma africana y afines de Costa Rica, dio a conocer los numerosos casos donde los trabajadores y trabajadoras sufren accidentes o lesiones sin recibir la atención necesaria y adecuada, dando a entender que lo único que importa es la “salud” de la fruta. Dania explicó cómo las empresas del sector invierten poco y nada en políticas de prevención, en equipos de protección individual y en una serie de medidas necesarias que salvaguarden la seguridad y salud de nuestras compañeras y compañeros.
Las situaciones que relata Dania son muy similares -por no decir, idénticas- a las condiciones que describen trabajadores en Chile en la agricultura y la salmonicultura.
El trabajo forzado y la trata de personas en las operaciones y cadenas de valor de las empresas es una realidad. La OIT señala que el 86% del trabajo forzado ocurre en el sector privado (OIT, 2022).
El trabajo forzado debe ser abordado con la mayor prioridad, por cuanto es uno de los riesgos más severos y más probables en los sectores productivos de América Latina intensivos en mano de obra: la agricultura, la pesca, la salmonicultura, la construcción, manufactura y servicios.
El mensaje de Dania es claro: “Hay que perder el miedo y denunciar”, algo que ella conoce de cerca, pues su labor sindical le significa denunciar los graves problemas que enfrentan en materia de salud laboral los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria costarricense. Libera comparte plenamente el mensaje de Dania y exhorta a los Estados y a las empresas a prevenir y remediar la existencia de vulneraciones a los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.
Revisa imágenes de la jornada:
