Ante el incremento de la trata de personas en la región, unido al recrudecimiento de las condiciones que lo propician -como la crisis migratoria, la recesión económica y la expansión del crimen organizado-, organizaciones de la sociedad civil de siete países de América Latina –entre las que se encuentra Fundación Libera contra la Trata de Personas– exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implemente nuevos lineamientos para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones a fin de prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata de personas, así como reparar integralmente a sus víctimas.
En la audiencia «Acceso a la justicia para víctimas de trata de personas en las Américas”, en el 187º periodo ordinario de sesiones de la CIDH, realizada este 12 de julio en Washington, Estados Unidos, las organizaciones integrantes de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres en América Latina y el Caribe (GAATW-REDLAC), dieron a conocer la situación de la trata de personas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú y cómo, en estos países, las víctimas de trata de personas no tienen acceso a justicia efectiva, y tanto sujetos individuales como bandas criminales recurren a diferentes medios para captar a sus víctimas con el propósito de explotarlas y obtener grandes ganancias económicas.
Durante el último año, diversos reportes periodísticos han revelado el incremento de los grupos criminales organizados que operan en Chile y cometen delitos relacionados a la trata de personas con la finalidad de explotación sexual, como el Tren de Aragua, y con la finalidad de explotación laboral, como quedó en descubierto con el reciente fallo de un caso de trata con fines de trabajo forzado contra un grupo de haitianos en Puerto Natales, o el descubrimiento de un chileno sujeto a un régimen de cuasi-esclavitud en Argentina.
Carolina Rudnick, presidenta de Libera,–-y quién presentó la situación de la trata de personas ante la CIDH-– aseveró que, aunque Chile tiene institucionalidad en materia de trata, la brecha entre las normas y su implementación en la práctica sigue siendo uno de los desafíos más acuciantes, y en especial, el acceso a la justicia. Los estereotipos y prejuicios discriminatorios que afectan a las víctimas de trata, impiden que los operadores de justicia reconozcan el delito y la vulneración de derechos de las víctimas. “Lo que ocurre, en definitiva, es que el sistema de justicia criminal, -el Estado-, no les cree a las víctimas; no cree en la brutal realidad de su experiencia. Los policías, inspectores, fiscales y jueces carecen de la empatía necesaria y no creen en la verdad de la experiencia de dolor y daño físico, psicológico, material y emocional que sufren niñas, niños, mujeres y hombres víctimas de trata en toda la región”, señaló en audiencia.
Ante los nuevos escenarios de los delitos de trata de personas, las organizaciones pidieron a la CIDH que desarrolle nuevos lineamientos internacionales que tomen en cuenta la realidad latinoamericana, a fin de que se redefinan los conceptos de explotación humana para que los Estados los adecúen a sus normativas internas y los conviertan en obligaciones a tomarse en cuenta al momento de aplicar sanciones a los responsables de la trata de personas y al buscar justicia para las víctimas.
Por otro lado, las organizaciones solicitaron implementar un espacio de diálogo entre la CIDH y la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el organismo a los Estados y que este incluya un cronograma y compromisos definidos. Asimismo, se pidió la elaboración de un informe anual que distinga y clasifique a los países según el cumplimiento de las recomendaciones recibidas, el mismo que debe contemplar algún tipo de responsabilidad en caso contrario.
Contexto chileno
De acuerdo al Informe Estadístico de Trata de Personas 2023, que emite anualmente la Mesa Intersectorial de Trata de Personas que lidera el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre el periodo 2011-2022 se registró un total de 347 víctimas. Sin embargo, el Índice de Esclavitud Global 2023 (Global Slavery Index) de la Walk Free Foundation, estima en 61.000 el número de personas sujetas a alguna forma de esclavitud moderna en Chile.
“Sin perjuicio que las estimaciones son proyecciones, es alarmante la diferencia entre ambos números, por cuanto significa que un gran porcentaje de las víctimas de explotación sexual o trabajo forzado no son detectadas adecuadamente en el país”, señaló Rudnick. “Esto exige un cambio de rumbo en materia de políticas públicas contra la trata”.
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