Más de 100 organizaciones de sociedad civil de 13 países de Latinoamérica y Caribe, incluida Fundación Libera, hemos pedido al gobierno español que ejerza un rol activo para impulsar la aprobación de la directiva europea que obligará a las empresas multinacionales que operan en la región a responsabilizarse de potenciales malas prácticas que vulneren los derechos humanos y afecten al medioambiente.
Las negociaciones de la futura Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) entran en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que ha comenzado el 1 de julio y que durará hasta el 31 de diciembre de 2023. Se trata de una legislación clave, que afectará de manera decisiva a las prácticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las empresas europeas, tanto en la propia UE como en otros países.
En una carta enviada al gobierno español, las organizaciones firmantes solicitamos a la presidencia que trabaje en busca de un acuerdo político para impulsar la directiva durante su mandato, que ejerza un rol de liderazgo en las negociaciones y vele por la integridad del texto final.
“Por desgracia contamos con numerosos casos en los que las empresas no se han responsabilizado de las consecuencias de sus malas prácticas afectando a la vida de miles de personas y causando en el peor de los casos, muerte y sufrimiento. Además, existen numerosas barreras en el acceso a la reparación y a una justicia efectiva para las víctimas. La próxima legislación debe garantizar ese derecho tan básico y esencial” ha subrayado Lusitania Villablanca, directora de Libera.
La aprobación de esta directiva es de vital importancia para las comunidades de América Latina y el Caribe.
Con una notable presencia de empresas españolas y europeas en la región y una alta participación (directa o a través de su cadena de valor) en actividades que entrañan riesgos sociales y ambientales (energía, minería, infraestructuras, etc), la región de América Latina – Caribe es uno de los territorios ajenos a la UE en los que esta legislación podría tener un mayor efecto.
La carta incluye una serie de recomendaciones por parte de la sociedad civil latinoamericana y caribeña a la presidencia española de la UE, para lograr una directiva robusta y eficaz.
A la carta le acompaña un listado de casos que ilustran impactos y vulneraciones de derechos humanos sufridas por nuestras comunidades y que demuestran por qué es de vital importancia la aprobación de la directiva para la región.
La carta continúa abierta a nuevas adhesiones de organizaciones de sociedad civil latinoamericana y del Caribe en el siguiente link.
Ver la carta completa pinchando aquí.
